«La ordenanza de La Coruña es una de las más restrictivas de España»

Patricia Abet

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

07/04/2025 a las 10:36h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

El debate sobre los pisos turísticos en las principales ciudades gallegas encuentra ahora, en La Coruña, un nuevo foco de polémica. La amenaza del concello herculino de limitar el número de VUT (vivienda de uso turístico) en este municipio se agrava a medida que los trámites para aprobarla avanzan. Finalizado ya el período de alegaciones al documento —unas 200— los propietarios de los 1.300 pisos turísticos dados de alta en la ciudad critican la falta de entendimiento con los responsables de María Pita y denuncian el carácter retroactivo con el que tratan de imponer unas nuevas reglas de juego que no los convencen. Para Rafael Serrano, portavoz de Aviturga, la que se está cocinando en La Coruña es una de las ordenanzas para regular la actividad de las VUT «más restrictivas de toda España». «Hay normas restrictivas como las que se están imponiendo en Cádiz, San Sebastián o Toledo, pero son restrictivas a futuro, respetan los derechos adquiridos» argumentan los afectados en La Coruña.

Sobre la incertidumbre con la que están viviendo una nueva legislación que limitará los pisos turísticos a bajos, primeras plantas y edificios completos en buena parte de la ciudad, los propietarios son tajantes: «Nos están demonizando, hablas con la gente y no tienen ni idea, pero nos están echando mala fama sin conocer bien cómo son las cosas» indica uno de los coruñeses afectados a ABC. Según este vecino de la ciudad, que regenta un piso turístico ubicado en el centro de la urbe desde hace siete años, las consecuencias de la ordenanza que planea el concello de Inés Rey no solo perjudicarán a los propietarios, sino a la propia ciudad, que cada año ingresa 90 millones derivados de los huéspedes de las VUT y de su estancia en ella.

«La gente está muy manipulada, pero hay que pensar en todo lo que caería si caen los pisos turísticos, porque nuestros clientes representan a un turismo de calidad. Son familias o grupos que se quedan unos seis días de media en la ciudad y que gastan en ella» reflexiona este testimonio, que conoce de cerca el funcionamiento de este tipo de visitante. Su domicilio, explica, está en el piso de abajo de la vivienda que alquila, una tercera planta, «y nunca he tenido ningún problema de ruidos ni de convivencia» aclara ante la intención del ayuntamiento de prohibir todas las VUT que estén en bloques de viviendas residenciales. Una restricción que abocaría al cierre al 80 por ciento de las que a día de hoy operan dentro del municipio.

En este punto, desde Aviturga recuerdan que todas estas viviendas suponen menos del 1 por ciento del parque inmobiliario de la ciudad, que a cambio registra un 20 por ciento de casa vacías, imposibles de movilizar con la actual legislación. Yendo al detalle de la ordenanza que encara la recta final para su aprobación, Serrano afirma que solo acarreará gastos para el conjunto de la ciudadanía, derivados de todos los «vicios de nulidad» que han detectado en ella. «Por la forma en la que está redactada y por su contenido, el ayuntamiento se va a tener que enfrentar a un gran número de pleitos que van a acabar en el juzgado» vaticinan desde la asociación, que se adelanta e indica que «hasta puede darse el caso de que el juzgado considere que la ordenanza es nula, lo que conllevará un desgaste de recursos públicos que tampoco tiene mucho sentido».

Algunos de los dueños consultados apoyan esta teoría, al entender que «cualquier juez la tumbará». Se basan en que ellos están dados de alta en el registro autonómico de la Xunta y en que el concello se está atribuyendo «competencias estatales» en materia de propiedad horizontal, intentando innovar en la ordenación de actividades turísticas, «cuya regulación compete exclusivamente a la Xunta».

A espera de que el trámite para aceptar o rechazar las cerca de 200 alegaciones presentadas a las nueva norma avance, los dueños de pisos turísticos de la Coruña empiezan a mirar con recelo a la temporada de verano. Les preocupan las reservas que empiezan a cerrar, y no dejar tirados a sus futuros huéspedes, con el daño económico que les supondría. Pero tampoco se quieren exponer a órdenes de cierre y sanciones que podría llegar a los 10.000 euros. Su temor, aseguran, es que en cuanto la ordenanza se apruebe «empiecen a llegar órdenes de cierre de forma inminente».

Con sus negocios en el aire, y un futuro incierto, la mayoría de los posibles afectados —pequeños tenedores que solo disponen de una VUT— tienen claro que, pese a la presión, no darán el salto al alquiler convencional. «Mientras la ley de vivienda siga siendo la actual, es un no. Los dueños no contamos con ningún tipo de protección» reconocen. Al tiempo, censuran lo que el nuevo marco normativo favorecerá: «Van a dejarlo todo en manos de grandes empresas que se los compren y los exploten turísticamente. Ya lo estamos empezando a ver».